Calidad de la educación, el eslabón faltante

Hernán Cheyre

Más allá de la coyuntura, deberían ser motivo de mucha preocupación las nuevas estimaciones sobre el PIB tendencial –capacidad de crecimiento de mediano plazo- entregada por la comisión de expertos que se convoca periódicamente para establecer este parámetro de referencia, que es utilizado para la elaboración del presupuesto fiscal. Las cifras entregadas en esta oportunidad ajustan a la baja la tasa de crecimiento tendencial para 2021 a 1,5%, proyectándose aumentos marginales en los años siguientes, alcanzando solo 1,9% en 2025. Recuperar la inversión y la generación de empleos ciertamente contribuirá a fortalecer este indicador de tendencia, pero para retomar la senda al desarrollo lo anterior no será suficiente.

Para lograr metas más ambiciosas va a ser fundamental lograr avances de mayor impacto en el ámbito de la productividad, materia que ha dado origen a diversas agendas en sucesivos gobiernos, sobre las cuales hay bastante consenso técnico en los aspectos medulares, pero donde las presiones ejercidas por los grupos que podrían verse más afectados entraban la tramitación legislativa de los proyectos. No obstante, una arista en la que sigue habiendo diferencias es en lo relativo al rol que debe desempeñar el Estado en la promoción de condiciones que posibiliten un aumento en la productividad, habiendo quienes adscribimos a la postura que aboga por un enfoque que privilegia la neutralidad en la elaboración de políticas y programas, y otros que son más partidarios de una intervención estatal más directa, a través de medidas que apunten a un rol más “orientador” de la direción que se debe seguir, priorizando el desarrollo de determinados sectores. En la primera visión los esfuerzos estatales se concentran en la construcción de un entorno facilitador del emprendimiento y la innovación, creando las condiciones requeridas para generar un ambiente de verdadera competencia en los distintos mercados, en los cuales nuevos entrantes puedan “desafiar” a los incumbentes, alinentando así un proceso virtuoso que induzca mayor innovación y un mejor uso de los recursos productivos disponibles. La segunda visión propugna un rol de intervención más directa, a través de “políticas industriales” diseñadas para privilegiar los apoyos estatales en los sectores que se desea priorizar. Este es un tema en el que hay un amplio debate, así como también experiencias disímiles, de las cuales se puede sacar lecciones valiosas. Por ejemplo, Corea del Sur y Hong Kong, usualmente considerados como casos de éxito en cuanto a haber logrado dar el salto al desarrollo, siguieron caminos distintos: el primero con más intervención del Estado y el segundo con un enfoque de libre mercado. Más allá de las particularidades de cada caso, lo interesante de destacar es que el denominador común observado es que en ambos países la calidad de la educación que se entrega a los jóvenes y el grado de preparación que tiene la fuerza de trabajo para desempeñarse en el mundo laboral se encuentran en un pedestal reconocidamente superior, y es ahí donde se encuentra la clave de su éxito. En Chile podremos seguir discutiendo acerca de las políticas de desarrollo productivo que parezcan más adecuadas, pero mientras no avancemos en serio en materia de calidad de la educación y de capacitación de los trabajadores, de cara a los nuevos desafíos que impone la nueva revolución industrial, no vamos a poder dar el salto que nos permita convertirnos en país desarrollado. El principal eslabón faltante es, precisamente, la calidad de la educación.